México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil seis. VISTOS para resolver los autos del expediente SUP-JIN-293/2006, relativos al juicio de inconformidad promovido por la Coalición Por el Bien de Todos, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, realizado por el 09 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Puebla,  y

R E S U L T A N D O

I. El dos de julio del presente año se celebró la jornada electoral para elegir al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El cinco de julio siguiente, el 09 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Puebla realizó el cómputo distrital de la elección de Presidente de la República, el cual, según el acta correspondiente, arrojó los resultados siguientes:

III. El nueve de julio del presente año, la Coalición Por el Bien de Todos, por conducto de José María Meza Pérez, representante propietario de dicha coalición ante el 09 Consejo Distrital  del Instituto Federal Electoral en el Estado de Puebla, promovió juicio de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital referida, por error aritmético y por nulidad de la votación recibida en diversas casillas, en atención a que, en su concepto, se actualizaban las causas siguientes:

IV. El trece de julio de este año compareció como tercero interesado el Partido Acción Nacional, alegando lo que a su derecho convino.

V. Recibidas las constancias atinentes, el diecinueve de julio del año en curso, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar el expediente SUP-JIN-293/2006, y turnarlo al Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos establecidos en los artículos 19 y 52 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VI. El veinte, veinticuatro y veintiocho de julio del presente año, con el propósito de contar con todos los elementos para resolver los presentes juicios, el Magistrado Electoral instructor emitió sendos acuerdos donde, entre otros aspectos, y según el caso, requirió diversa documentación al 09 Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el Estado de Puebla, así como a la coalición actora y, admitió la demanda.

VII. El veintiuno, veintidós, veinticuatro, veintiséis y treinta y uno de julio del presente año, el Consejero Presidente del 09 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Puebla y la coalición Por el Bien de Todos, según el caso, desahogaron en tiempo y forma los requerimientos antes indicados.

VIII. El veintiuno, veintiocho y veintinueve de julio, así como el siete y dieciséis de agosto de este año, el ciudadano Javier Arriaga Sánchez, en su calidad de autorizado para oír y recibir notificaciones y de Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, presentó sendos escritos en los que formuló alegatos en representación del tercero interesado y ofreció pruebas supervenientes, reservándose sobre su admisión para el momento procesal oportuno.

IX. El treinta y uno de julio de dos mil seis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución en la que ordenó formar incidente de previo y especial pronunciamiento, para resolver sobre la petición de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en casillas.

X. El cinco de agosto de este año, en el expediente SUP-JIN-212/2006, la Sala Superior emitió resolución en la cual desestimó la pretensión de la coalición actora de la realización de nuevo escrutinio y cómputo en la totalidad de las casillas instaladas para la elección presidencial y determinó que en cada expediente sería materia de análisis la pretensión de recuento por razones específicas.

XI. En la misma fecha, este órgano jurisdiccional federal electoral emitió sentencia interlocutoria en la cual consideró fundado en parte el incidente de previo y especial pronunciamiento, para resolver sobre la petición de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en casillas, y ordenó realizarlo en ochenta y cuatro casillas.

XII. El nueve de agosto del año en curso, el Magistrado Francisco Javier Cárdenas Ramírez llevó a cabo la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo ordenada, en el 09 Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el Estado de Puebla.

XIII. El doce de agosto de este año, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional se recibió el acta circunstanciada de la diligencia antes indicada, así como la documentación generada como resultado de la misma.

XIV. El veintisiete de agosto siguiente, el Magistrado Electoral instructor, entre otros aspectos, declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción II, y 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3°; 50, párrafo 1, inciso a), y 53, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que se trata de un juicio de inconformidad promovido por una coalición de partidos políticos, en contra los resultados consignados en un acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por nulidad de la votación recibida en varias casillas y por error aritmético.

SEGUNDO. Por lo que se refiere a la solicitud que formula la parte actora en su escrito de demanda para que el presente juicio de inconformidad se acumule al diverso radicado en esta Sala Superior con la clave SUP-JIN-212/2006, debe advertirse que tal petición ya obtuvo respuesta en la resolución dictada en este último expediente el treinta y uno de julio del presente año, mediante la cual se determinó, entre otros aspectos, negar la acumulación total de todos los juicios de inconformidad  promovidos, con igual planteamiento, por la Coalición Por el Bien de Todos para impugnar diversos cómputos distritales de la elección presidencial, razón por la cual deberá estarse a lo resuelto en la misma.

TERCERO. Por ser su examen de carácter preferente y de orden público, se analiza en primer lugar si es procedente el presente medio de impugnación, pues de configurarse alguna de las causas legales de improcedencia resultaría necesario decretar el desechamiento de plano de la demanda, al existir un obstáculo que impediría la válida constitución del proceso y, con ello, la posibilidad de un pronunciamiento de este órgano jurisdiccional federal sobre la controversia planteada.

Al respecto, el tercero interesado y la autoridad responsable manifiestan que se actualizan las siguientes causas de improcedencia: a) Que no se presentaron en tiempo y forma los escritos de protesta correspondientes a las casillas impugnadas; b) Que la actora omitió precisar los hechos, agravios, y las casillas impugnadas, así como las causas de nulidad que invoca para cada una de ellas, limitándose a señalar los preceptos legales violados; c) La improcedencia de solicitar la nulidad de la elección presidencial (sic); d) La improcedencia de la causa abstracta de la nulidad de la elección presidencial (sic), y e) La improcedencia de la diligencia para mejor proveer consistente en la apertura de paquetes electorales y repetición del escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas (sic).

Por las razones expuestas en el considerando anterior, con excepción de las precisadas bajo los incisos a), b) y e), las causas de improcedencia invocadas serán objeto de estudio y resolución en la etapa de calificación de validez de la elección de mérito, toda vez que están vinculadas con los argumentos expuestos por el actor en relación con la supuesta invalidez del proceso electoral objeto de este juicio.

Las causas de improcedencia indicadas en los citados incisos a), b) y e) de la síntesis anterior resultan inatendibles, en virtud de lo siguiente.

I. En relación con la causa de improcedencia precisada bajo el inciso a), no le asiste la razón al tercero interesado ni a la autoridad responsable cuando sustentan que se debe desechar el presente medio de impugnación con base en que no obra en autos constancia de que la coalición actora hubiese protestado en tiempo y forma las casillas ahora impugnadas.

Tal causa de improcedencia se desestima en virtud de que, aun en el supuesto de que no se hubiesen presentado dichos escritos de protesta, se debe advertir que, en términos de lo previsto en los artículos 51, párrafos 2 y 4, y 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el citado escrito de protesta es un requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad sólo cuando se hagan valer las causales de nulidad previstas en el mencionado artículo 75 de ley de medios de impugnación [con excepción de la causa precisada en el inciso b) del párrafo primero], en tanto que este último precepto legal, en su párrafo 1, inciso f), ordena que es causa específica de nulidad de la votación recibida en una casilla el haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos.

Es decir, el escrito de protesta es un requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad sólo cuando el actor solicita la declaración de nulidad de la votación, mas no necesariamente cuando, como en el caso bajo estudio, según se analiza con mayor profundidad en el considerando siguiente de esta sentencia, el enjuiciante impugna los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, sustancialmente, por error aritmético, con la pretensión primaria de obtener la realización de un nuevo escrutinio y cómputo de la votación, en términos de lo previsto en el artículo 50, párrafo 1, inciso a), in fine, de la citada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por tanto, la presente causa de improcedencia resulta inatendible.  

II. En relación con la causa de improcedencia sintetizada bajo el inciso b) anterior, de la lectura integral del escrito de demanda del presente juicio de inconformidad se desprende con toda claridad que la coalición actora sí precisa de manera expresa, en sendos apartados, los hechos, agravios, fundamentos jurídicos y las casillas impugnadas, así como la causa de nulidad que invoca para cada una de ellas, razón por la cual se hace evidente que no le asiste la razón a la autoridad responsable respecto de la supuesta actualización de la causa de improcedencia invocada.

III. Finalmente, la causa de improcedencia resumida en el inciso e), se torna inatendible en virtud de que el nuevo escrutinio y cómputo, por razones específicas, con respecto de algunas de las casillas impugnadas, ya se llevó a cabo mediante diligencia de apertura de paquetes electorales realizada el nueve de los corrientes, cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer y volver las cosas a su estado anterior, por lo que, dichos efectos son los que actualmente se encuentran vigentes como resultado de las diligencias ordenadas por esta Sala Superior., y cuyos alcances, posteriormente se analizaran, con el objeto de establecer si, como lo solicita la propia actora, debe corregirse el cómputo distrital de la elección presidencial efectuado por el 09 distrito electoral federal en el Estado de Puebla, con motivo del error aritmético derivado, a su vez, de los errores contenidos en las actas de escrutinio y cómputo levantadas originalmente por las correspondientes mesas directivas de casilla.

En consecuencia, al haberse desestimado las causas de improcedencia invocadas, y toda vez que esta Sala Superior no advierte, de oficio, que se actualice alguna otra, procede realizar el estudio de fondo del asunto planteado.

CUARTO. Con objeto de esclarecer la materia del presente juicio de inconformidad promovido por la Coalición “Por el Bien de Todos”, cabe advertir que en el escrito de demanda se formulan diversos argumentos, a manera de agravios, relacionados con dos pretensiones principales o esenciales: La primera es la modificación del cómputo distrital de la elección presidencial llevado a cabo por el 09 Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral en el Estado de Puebla, como consecuencia de la corrección del error aritmético que hace valer, o bien, de la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, según se precisa, respectivamente, en los apartados I y II de este considerando. La segunda pretensión principal se refiere a que esta Sala Superior se abstenga de expedir las declaratorias de validez de la elección presidencial y de presidente electo, según se explica en el apartado III del presente considerando.

I. En primer lugar, la coalición actora pretende, de manera específica, que se haga la corrección del cómputo distrital de la elección presidencial por el error aritmético, derivado, a su vez, de los errores contenidos en las actas de escrutinio y cómputo de diversas casillas [en términos de lo previsto en el artículo 56, párrafo 1, inciso g), en relación con la segunda parte del inciso a) del párrafo 1 del artículo 50, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral], para cuyo efecto solicitó la apertura de los paquetes electorales de las correspondientes casillas y la realización de un “recuento” o nuevo escrutinio y cómputo de las mismas que subsane o rectifique, en su caso, los errores advertidos.

La referida pretensión, según se reseñó en el resultando XII de esta sentencia, se consideró fundada en parte, mediante sentencia interlocutoria dictada por esta Sala Superior el cinco de agosto de dos mil seis, cuyo efecto se analiza en el considerando sexto de este fallo.

II. En segundo lugar, la actora pretende que se modifique el acta de cómputo distrital de la elección presidencial, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la votación recibida en diversas casillas [en términos de lo previsto en el artículo 56, párrafo 1, inciso b), en relación con la primera parte del inciso a) del párrafo 1 del artículo 50 y los diversos incisos del párrafo 1 del artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral], lo cual se estudia en el considerando séptimo de esta sentencia.

III. Finalmente, la actora también pretende que, en su caso, no se expida la declaratoria de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ni la declaratoria de Presidente Electo, lo cual no puede ser materia de estudio del juicio de inconformidad, como se demuestra a continuación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio de inconformidad sólo procede para impugnar los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en casilla (en términos del artículo 75 de la propia ley), o bien, error aritmético, sin que el artículo 56 de la misma ley contemple, entre los efectos de las sentencias recaídas al juicio de inconformidad, el pretendido en último lugar por la coalición actora.

En consecuencia, los argumentos, medios de prueba y pretensión de la coalición actora relacionados con la validez de la elección presidencial, deberán remitirse al correspondiente expediente sobre el procedimiento para la calificación de la elección presidencial, mediante el cómputo final y las declaratorias de validez de la elección y de presidente electo, cuya determinación también es competencia de esta Sala Superior, en términos de lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 186, fracción II, y 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el procedimiento para la calificación de la elección presidencial, mediante el cómputo final, la declaración de validez y la de Presidente electo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de julio de dos mil seis.

Por su parte, como se adelantó, el Partido Acción Nacional, en su carácter de tercero interesado en el presente medio de impugnación, esgrime ciertos razonamientos que, a su juicio, están relacionados con lo manifestado por la coalición actora respecto de la declaratoria de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tales como las causas de improcedencia consistentes, según dicho instituto político, en que es improcedente impugnar la declaración de validez de la elección indicada, toda vez que se trata de un acto futuro, o que es jurídicamente improcedente declarar la causa abstracta de nulidadde la elección impugnada.

Como consecuencia de lo que se razonó en líneas precedentes, tales manifestaciones, al involucrar aspectos relacionados la declaración de validez de la elección, también deberán ser remitidas al expediente que se forme sobre el procedimiento para la calificación de la elección presidencial, mediante el cómputo final y las declaratorias de validez de la elección y de presidente electo.

QUINTO. Tal como se indicó en el resultando VIII de esta sentencia, el veintiuno, veintiocho y veintinueve de julio, y dieciséis de agosto de este año, el ciudadano Javier Arriaga Sánchez, en su calidad de autorizado para oír y recibir notificaciones y Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, presentó sendos escritos en los que, según el caso, formuló alegatos en representación del tercero interesado, ofreció pruebas supervenientes y acuso de rebeldía a la actora, por no desahogar la vista de falta de escrito de protesta.

Este órgano jurisdiccional federal considera que deben tenerse por no presentados los escritos de alegatos que formula en representación del tercero interesado y desecharse las pruebas ofrecidas, por lo siguiente.

De conformidad con el artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son partes en el procedimiento de los medios de impugnación el actor, la autoridad responsable y el tercero interesado. Este último es el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

En el párrafo segundo del citado artículo 12 se prevé que el tercero interesado será aquél que presente un escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifiquen plenamente la personería suficiente para ello.

Del expediente se advierte que Javier Arriaga Sánchez fue autorizado por el Partido Acción Nacional para oír y recibir todo tipo de notificaciones, citas y documentos, lo cual es acorde con lo previsto en el inciso d) del párrafo 4 del artículo 17 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sin embargo, de esa autorización para oír y recibir notificaciones en nombre del tercero interesado no resulta una representación para otros fines, pues en la mencionada ley, a diferencia de otros ordenamientos, como por ejemplo la Ley de Amparo, no existe una autorización para fines de representación en juicio, porque si bien se admite que las personas morales promuevan a través de sus representantes, estos son quienes cuentan con facultades de representación en lo personal y acreditan su personería dentro del medio impugnativo de que se trate, lo cual no sucede en este caso.

No es obstáculo para lo anterior que en el escrito en el cual acusa de rebeldía a la coalición actora, Javier Arriaga Sánchez se ostente con la calidad de autorizado en el expediente y Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, pues, además de no acreditar dicho nombramiento, del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional y de los Estatutos del referido partido político no se desprende que tal director tenga facultades para representar al partido político.

No pasa desapercibido el contenido de la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior publicada bajo el rubro “AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. PUEDE ACREDITAR LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO DE TAL REQUERIMIENTO”, en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 37. Sin embargo, ahí se precisó que dicha facultad para desahogar requerimientos no extiende a otros sujetos la representación de los partidos políticos, sino únicamente determina con mayor exactitud la relación existente entre representante legitimado y la persona autorizada por éste, respecto de actos de poca trascendencia, como cuando se cumple con una formalidad ad probationem y el objeto del requerimiento no necesita de conocimientos específicos y profundos del negocio, todo lo cual definitivamente no es aplicable a este caso donde se pretendió ofrecer pruebas y alegar respecto de cuestiones relacionadas con el fondo de la controversia planteada.

SEXTO. En el presente considerando se analizarán los alcances y efectos del incidente de previo y especial pronunciamiento sobre la pretensión de la coalición Por el Bien de Todos para que se realizara un nuevo escrutinio y cómputo de diversas casillas, por razones específicas, con el objeto de establecer si, como lo solicita la propia actora, debe corregirse el cómputo distrital de la elección presidencial efectuado por el 09 distrito electoral federal en el Estado de Puebla, con motivo del error aritmético derivado, a su vez, de los errores contenidos en las actas de escrutinio y cómputo levantadas originalmente por las correspondientes mesas directivas de casilla.

Como se desprende de la sentencia interlocutoria de esta Sala Superior en el presente juicio de inconformidad, de cinco de agosto del año que transcurre, el referido incidente de previo y especial pronunciamiento se declaró fundado en parte y, en consecuencia, se ordenó la realización de la diligencia judicial de recuento en ochenta y cuatro de las ciento cuatro casillas en que lo solicitó la coalición actora.

Al respecto, como se evidencia en el acta circunstanciada levantada con motivo de la diligencia judicial llevada a cabo el nueve siguiente para hacer el nuevo escrutinio y cómputo o recuento de la votación recibida en las correspondientes ochenta y cuatro casillas, dirigida en auxilio de esta Sala por el Magistrado de Circuito Francisco Javier Cárdenas Ramírez, hubo cambios en los resultados consignados originalmente en algunas de las respectivas actas de escrutinio y cómputo de casilla.

I. Principios y reglas constitucionales y legales aplicables

Es importante hacer las siguientes consideraciones acerca de los principios y reglas constitucionales y legales aplicables en el presente caso individual.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios rectores de la función estatal electoral son: La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Ello implica que son principios constitucionales que estructuran e informan todo el ordenamiento jurídico electoral, el cual debe interpretarse, en general, a la luz de la Constitución, habida cuenta del carácter normativo de la misma y del principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 constitucional.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41, fracción IV, de la Constitución federal, a fin de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios impugnativos en los términos que dispongan la propia Constitución y la ley. Por mandato de la propia Constitución, dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará los derechos fundamentales de carácter político-electoral.

El sistema de medios impugnativos en materia electoral, que comprende, entre otras garantías constitucionales de carácter jurisdiccional, el juicio de inconformidad, está orientado por el derecho fundamental a la jurisdicción establecido en el artículo 17 de la Constitución federal, que incluye el acceso a la justicia pronta, completa, efectiva e imparcial y está regido por otros principios constitucionales que también debe observar este órgano jurisdiccional, como el de legalidad y el de definitividad.

En la invocada sentencia interlocutoria del incidente de previo y especial pronunciamiento sobre la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo, resuelta en la sesión pública de cinco de agosto de dos mil seis, este órgano jurisdiccional electoral federal hizo una especificación o concreción del principio constitucional de certeza, en conformidad con lo dispuesto en la propia Constitución y con arreglo a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Como resultado de ello esta Sala Superior hizo una interpretación, a la luz de la Constitución -en particular del principio constitucional de certeza-, de lo dispuesto en el artículo 247, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo dispuesto en el artículo 250 del propio ordenamiento sobre la elección presidencial. Con ello, la especificación o materialización del principio constitucional de certeza no se redujo a lo dispuesto en el invocado código electoral federal sino atendió a otros principios y reglas constitucionales y legales aplicables, como se demuestra a continuación. 

Prueba del aserto anterior –es preciso reiterarlo- es que, a fin de salvaguardar el derecho básico a la tutela jurisdiccional completa y efectiva establecido en el artículo 17 constitucional, en relación con el 41, párrafo segundo, fracción IV, y el 99, párrafo cuarto, fracción II, del propio ordenamiento, esta Sala Superior estimó en la mencionada sentencia interlocutoria incidental que no era necesario que la coalición ahora enjuiciante hubiese presentado, en forma previa, el escrito de protesta, en tanto requisito de procedibilidad, con respecto a aquellas casillas impugnadas en las que se solicitaba la realización de un nuevo escrutinio y cómputo, sino, incluso, en ejercicio de la suplencia de la queja legalmente prevista, en términos de lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se ordenó la procedencia del recuento respecto de casillas en que la actora aparentemente sólo solicitaba la nulidad de la votación recibida por error en el cómputo de los votos, además de que igualmente se ordenó la realización de tal recuento en aquellas casillas impugnadas en las que se detectó cualquier inconsistencia, por mínima que fuera, en los datos fundamentales o esenciales relativos a los ciudadanos que votaron conforme con la lista nominal, las boletas depositadas en la urna y la votación total emitida¸ aun cuando no se hubiera solicitado el nuevo escrutinio y cómputo ante el consejo distrital en la respectiva sesión de cómputo distrital, así como en las casillas impugnadas en que se identificó cualquier inconsistencia, por más insignificante que también fuera, en las boletas recibidas o sobrantes e inutilizadas cuando así se hubiera solicitado oportunamente ante dicha autoridad.

No escapa a este órgano jurisdiccional que en el escrito de demanda del juicio de inconformidad identificado con la clave SUP-JIN-212/2006, la coalición ahora actora reclamó la realización de un nuevo escrutinio y cómputo (“voto por voto y casilla por casilla”) en todas y cada una de las 130,477 casillas instaladas para la elección presidencial. Sin embargo, tal pretensión se desestimó en la sentencia interlocutoria recaída en el Incidente I sobre la petición de realizar nuevo escrutinio y cómputo de la votación total recibida en la elección presidencial, de fecha cinco de agosto del año en curso, entre otras razones, porque no se impugnaron todos los distritos, sino sólo doscientos treinta de los trescientos en que se divide electoralmente el país, por lo que los restantes cómputos quedaron excluidos de impugnación jurisdiccional y, por ende, no podrían ser objeto de revisión en las sentencias recaídas en los juicios de inconformidad.

Ello es así en virtud de que, según lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las elecciones cuyos cómputos no sean impugnados en tiempo y forma se considerarán válidas, definitivas e inatacables. Esta es una consecuencia normativa prevista en la ley procesal electoral que, ante la actualización del hecho operativo, debe producir inexorablemente sus efectos y no puede, en modo alguno, soslayarse por esta jurisdicción constitucional.

Incluso, cabe destacar que de las 435 casillas instaladas en el 09 distrito electoral en el Estado de Puebla, la coalición ahora actora sólo impugnó 104 casillas, por la causa de nulidad de la votación emitida por error o dolo prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), del código electoral federal y, atendiendo al segundo petitorio del escrito de demanda de la propia coalición actora, en suplencia de la queja, este órgano jurisdiccional interpretó que también pretendía el recuento de la votación recibida en tales casillas. De esas 104 casillas, fueron objeto de recuento 84 casillas, según lo ordenado en la resolución incidental del presente juicio de inconformidad (que obra en el expediente y que se hizo del conocimiento público en la página que tiene este órgano jurisdiccional electoral federal en internet).

Lo anterior se muestra en la siguiente gráfica:

Casillas instaladas

Casillas impugnadas

Casillas objeto de recuento

Asimismo, como se razonó en la invocada sentencia interlocutoria, los errores o irregularidades que se advierten en el escrutinio y cómputo de alguna casilla no pueden automáticamente trasladarse o vincularse con lo ocurrido en otras casillas, sino cada una de las casillas impugnadas debe analizarse individualmente en sus méritos y sólo en los supuestos previstos legalmente para que haya un recuento cabe ordenar su realización, toda vez que, si no hay error evidente o irregularidad en la correspondiente acta de escrutinio y cómputo de casilla, acorde con los principios constitucionales de certeza y legalidad electoral, debe preservarse el resultado que ésta arroje, cuya votación fue recibida y contabilizada por ciudadanos vecinos, escogidos al azar y previamente capacitados, bajo la presencia de los respectivos representantes de los partidos políticos, como reiteradamente lo ha venido sosteniendo esta Sala Superior.

En este sentido, si bien es clara la relevancia en el ámbito electoral del principio constitucional de certeza previsto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción III, del propio ordenamiento, el cual fue invocado por la coalición actora en el referido juicio de inconformidad SUP-JIN-212/2006 para apoyar su pretensión de recuento en todas y cada una de las casillas instaladas para la elección presidencial, cabe insistir en que no es el único principio constitucional aplicable al presente caso individual, por lo que al armonizarlo con los demás principios y reglas que deben observarse se llegó a la conclusión razonada en la sentencia interlocutoria recaída en el juicio de inconformidad en que se actúa de que sólo debió realizarse el nuevo escrutinio y cómputo en ochenta y cuatro casillas.

En efecto, esta Sala Superior debe atender y ponderar también en el presente caso los otros principios constitucionales rectores de la función estatal electoral, como los de legalidad, imparcialidad y objetividad, así como los principios de naturaleza propiamente jurisdiccional, como los de actuación judicial previa instancia de parte, la imparcialidad del tribunal, la garantía del contradictorio, la igualdad de las partes, las formalidades esenciales del procedimiento y la congruencia externa de la sentencia entre lo pedido y lo resuelto, al igual que el principio de definitividad de los distintos actos y etapas del proceso electoral, mismos que también tienen fundamento constitucional, en términos de los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción II, en relación con el 14, 16 y 17 del propio ordenamiento, los cuales deben ser observados escrupulosamente por este órgano jurisdiccional a fin de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia electoral de manera completa, efectiva e imparcial, y hacer prevalecer los principios de constitucionalidad y legalidad, objetivo toral del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

Como se adelantó, atendiendo al acta circunstanciada levantada con motivo de la diligencia judicial llevada a cabo el nueve de agosto del año en curso para realizar el nuevo escrutinio y cómputo o recuento de la votación recibida en las correspondientes ochenta y cuatro casillas, dirigida en auxilio de esta Sala por el Magistrado de Circuito Francisco Javier Cárdenas Ramírez, hubo cambios en los resultados consignados en algunas de las respectivas actas de escrutinio y cómputo de casilla, por lo que debe corregirse el cómputo distrital de la elección presidencial por el error aritmético derivado de los errores observados en los escrutinios de tales casillas.

En efecto, cuando un consejo distrital electoral, al efectuar el cómputo distrital, sea omiso en realizar el nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en alguna (s) casilla (s), en los casos en que se actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 247 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el resultado de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo que ordene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6°, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en plenitud de jurisdicción, en sustitución del consejo distrital respectivo, dará lugar a la corrección del cómputo distrital correspondiente.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia S3ELJ 04/2002, publicada bajo el rubro “ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA EN SUSTITUCIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA. PROCEDE LA CORRECCIÓN DE ERRORES ENCONTRADOS (Legislación del Estado de México y similares)” en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 118-119.

II. Calificación de votos reservados

Para tomar en cuenta los resultados derivados de la referida diligencia judicial, en principio, deben calificarse los votos que se reservaron durante la misma, por haber sido objetados por alguno de los representantes de los partidos políticos o coaliciones asistentes, con el objetivo de que este órgano jurisdiccional determine cómo deben computarse y, así, estar en posibilidad de sumarlos en el rubro que corresponda y contar con el resultado definitivo de la casilla de que se trate.

Como se desprende de la documental relativa al “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA JUDICIAL ORDENADA EN LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SUP-JIN-293/2006”, remitida por el magistrado de circuito Francisco Javier Cárdenas Ramírez, en la diligencia judicial de nuevo escrutinio y cómputo se hizo constar la objeción de un total de 18 votos correspondientes a las casillas 941C1, 947B, 947C1, 949B, 959B, 960B, 977C1, 978C1, 1008C3, 1009B, 1022C1, 1045B, 1049C2, 1061C1, que en adelante se especifican, razón por la cual se reservaron para su calificación por esta Sala Superior, en tanto que en las restantes casillas objeto de recuento no se objetó voto alguno. En consecuencia, esta Sala Superior procede a calificar los votos reservados, con plenitud de jurisdicción, conforme con lo establecido en el artículo 6º, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Para tales efectos, en primer lugar, cabe destacar que votar en las elecciones populares es un derecho fundamental de carácter político-electoral de todo ciudadano mexicano, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, votar en las elecciones populares, en los términos que establezca la ley, constituye una obligación de los ciudadanos de la República, en los términos de lo dispuesto en el artículo 36, fracción III, de la Constitución federal.

En el artículo 39 de la Constitución federal se consagra el principio según el cual la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo mexicano.

En el artículo 40 de la Constitución federal se establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática y federal.

En el artículo 41, párrafo primero, de la Constitución federal se establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos en la propia Constitución federal y las particulares de los Estados.

Conforme con el propio artículo 41, párrafo segundo, constitucional, la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

Los partidos políticos tienen el estatus constitucional de entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, los cuales constituyen principios constitucionales que rigen el ejercicio del derecho de voto, según lo dispuesto en el invocado artículo 41, párrafo segundo, fracción I. 

El derecho fundamental político-electoral a votar se establece en instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución federal y que, por ende, forman parte del orden jurídico mexicano.

Así, en el artículo 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece que todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2º del propio pacto (en el que se consagra, inter alia, el principio de igualdad) y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores [con correspondencia en el artículo 23, parágrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos].

De la misma forma se prevé el derecho al sufragio en el artículo 23, parágrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual, según ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “consagra los derechos a la participación en la dirección de los asuntos públicos, a votar, a ser elegido, y a acceder a las funciones públicas, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad”, siendo indispensable que se generen “las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación”, en el entendido de que “el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política”. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán y, en consecuencia, como ha considerado el tribunal interamericano, “no se puede limitar el alcance pleno de los derechos políticos de manera que su reglamentación o las decisiones que se adopten en aplicación de ésta se conviertan en un impedimento para que las personas participen efectivamente en la conducción del Estado o se torne ilusoria dicha participación, privando a tales derechos de su contenido esencial”, por ello, han de observarse en su regulación, interpretación y aplicación los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en una sociedad democrática  (Caso Yatama, Sentencia de 23 de junio de 2005).

Acorde con lo anterior, en el artículo 4o del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que votar en las elecciones populares constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular (párrafo 1); que el voto es universal, libre secreto, directo, personal e intransferible (párrafo 2), y que quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores (párrafo 3).

A fin de lograr el pleno ejercicio (sin restricciones indebidas o irrazonables) del derecho fundamental político-electoral de votar, así como para cumplir cabalmente con la obligación constitucional de sufragar, es menester que se potencie la interpretación de las normas aplicables establecidas para implementar el ejercicio de ese derecho fundamental y para facilitar, al mismo tiempo, el cumplimiento de esa obligación constitucional, mediante una interpretación sistemática, en particular conforme con la Constitución (habida cuenta del principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución federal), así como una interpretación funcional que atienda los valores tutelados en las normas aplicables, con arreglo a lo establecido en el artículo 2º, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior es así, en virtud de que las normas de derechos fundamentales han de interpretarse en forma amplia o extensiva a fin de potenciar su ejercicio, en conformidad con la tesis jurisprudencial de esta Sala Superior que lleva por rubro: DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA, publicada en Jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, Compilación oficial, volumen Jurisprudencia, páginas 97-99.

Por consiguiente, esta Sala Superior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución federal, deberá garantizar el ejercicio del derecho fundamental político-electoral del sufragio, en conformidad con los invocados principios constitucionales que rigen el mismo: Sufragio universal, voto libre y auténtico, sufragio igual, sufragio directo y sufragio secreto, entre otros principios.

En particular, cabe destacar que el principio según el cual el voto debe ser igual (expresado comúnmente con la fórmula un individuo, un voto) significa que el voto de cada individuo debe contar y ser contado  solamente por uno y que ningún voto debe valer más que otro. 

Cabe destacar que el derecho fundamental a la libertad de expresión (consagrado en el artículo 6º de la Constitución federal) subyace al derecho fundamental al sufragio, ya que la libertad de expresión permite que los ciudadanos voten libre, informada y razonadamente, conociendo todas las opciones políticas y teniendo la información relevante.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 230, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para determinar la validez o nulidad de los votos deberán observarse las reglas siguientes:

a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, el de una coalición o el de los emblemas de los partidos políticos coaligados;

b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada en el inciso anterior, y

c) Los votos emitidos en favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado.

Acorde con las premisas normativas anteriores, a la luz de los principios constitucionales del ejercicio del derecho de sufragio, se hará la calificación de los votos objetados, es decir, la determinación, en forma razonada, de la validez o la nulidad del sufragio, en conformidad, preponderantemente, con una interpretación sistemática y funcional de las normas aplicables que privilegie la teleología o la finalidad de las mismas para que la emisión del voto ciudadano surta plenamente sus efectos.

Asimismo, resulta pertinente señalar que, al realizar el estudio de los votos reservados para ser calificados por esta Sala Superior, se precisarán los razonamientos que llevan a determinada conclusión, insertando la imagen del voto solamente cuando se estime necesario para dar mayor claridad a las consideraciones que sustentan la correspondiente determinación.

Derivado de lo anterior, se tiene, entonces, al discernir las boletas cuya reserva se ordenó en la diligencia de apertura de paquetes electorales, las siguientes consideraciones y calificaciones:

1. Casilla 0941C1.

En el acta de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo, se hizo constar que se reservaron dos votos para su calificación por parte de esta Sala Superior, uno de ellos en razón de que el representante del Partido Acción Nacional estimó que la marcación de una de esas boletas comprende varias opciones, y la  otra  boleta sí tiene marca y dicha marca aparece en la opción relativa a dicho instituto político.

Del análisis de la boleta marcada con el número 1, se advierte que es un voto nulo, toda vez que el elector no marcó un solo recuadro en el que se contenga el emblema de un partido político o coalición, pues, plasmó una pequeña cruz en el emblema de la coalición Alianza por México y otra en el emblema de la coalición Por el Bien de Todos.

Por otra parte, del análisis de la boleta identificada con el número 2, esta Sala concluye que se trata de un sufragio expresado en favor del Partido Acción Nacional, pues está claramente cruzado el recuadro de dicho instituto político, siendo el único problema que en dicho recuadro el elector realizo una serie de trazos, pero dentro del recuadro de dicho instituto político, lo cual no puede acarrear su nulidad, pues se aprecia claramente el sentido del voto emitido, debido a que la ley no le impone que deba realizar la marcación de su boleta de una determinada manera o con un signo específico, sino que tiene la posibilidad de utilizar cualquier tipo de señal o marca, inclusive varias.

2. Casilla 0947B

En esta casilla se reservó para su calificación por esta Sala Superior un voto, el cual fue objetado por el representante del Partido Acción Nacional, bajo el argumento de que la boleta sí tiene marca y dicha marca aparece en la opción relativa a dicho instituto político.

Respecto del voto cuestionado, debe computarse como válido para el Partido Acción Nacional, toda vez que su emblema se encuentra cruzado con una cruz pequeña, sin que pueda ir en detrimento de la expresión del sufragio expresado por un elector, el hecho de que haya puesto con pluma la leyenda “P cumplas lo que prometiste” dentro del recuadro de dicho partido político, pues, se aprecia claramente el sentido del voto, ya que como se razonó anteriormente, el elector tiene completa libertad para hacer cualquier tipo de marca, incluso, no existe prohibición ni impedimento para que el elector utilice para hacer la marca un instrumento distinto al que es proporcionado por las mesas directivas de casilla, en el entendido de que la referida leyenda no es muestra de desaprobación, sino una especie de razón del voto emitido a favor de dicho instituto político.

3. Casilla 0947C1

Respecto de esta casilla se reservaron dos votos para su calificación por la Sala Superior.

El representante del Partido Acción Nacional cuestionó una boleta, argumentando que la marca comprende más de un partido. Asimismo, el representante de la coalición Por el Bien de Todos se opone a la ubicación que corresponde a un voto, argumentando que la boleta tiene una marca que indica el sentido del voto para dicha coalición

Así, del análisis del voto identificado con el número 1, se concluye que es un voto nulo, toda vez que, se colocó una pequeña cruz en los emblemas tanto de la coalición Alianza por México y del Partido Nueva Alianza, de tal forma que en este caso no puede considerarse válido el sufragio.

Por otra parte, la boleta marcada con el número 2, la revisión de dicho sufragio por parte de este órgano jurisdiccional electoral permite concluir que no fue emitido válidamente, en razón de que se aprecia una pequeña cruz en el emblema de la coalición Por el Bien de Todos y en el recuadro correspondiente a candidatos no registrados se anotó el nombre de Patricia Mercado.

4. Casilla 0949B

En esta casilla se reservó un voto, respecto del cual el representante del Partido Acción Nacional se opone a la ubicación del mismo, pues, alegó que la boleta tiene una marca que indica el sentido del voto para dicho partido político.

La revisión de dicho voto por parte de esta Sala Superior permite advertir que está claramente cruzado el emblema del Partido Acción Nacional, presentando también unas ligeras manchas en el recuadro de candidatos no registrados, sin embargo, esto último no es dable interpretarlo en el sentido de que marcaron intencionalmente dos recuadros, sino que puede deberse a un incorrecto manejo del crayón con el que se votó, ya que, por una parte, está evidenciado que la expresión del sufragio del elector fue clara y contundente por una de las opciones, colocando una cruz en el emblema correspondiente al partido político antes precisado, en tanto que en el espacio correspondiente a candidatos no registrados sólo se trata de dos manchas muy tenues colocadas accidentalmente, además de que, atendiendo a las reglas de la experiencia y la sana crítica, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando algún ciudadano se manifiesta por un candidato no registrado, usualmente suele colocar un nombre determinado, lo cual no ocurre en el caso concreto, de tal manera que se arriba a la conclusión de que dicho voto le corresponde al referido instituto político.

5. Casilla 0959B

En esta casilla se reservó para su calificación por esta Sala Superior un voto, en razón de que la representante de la coalición Por el Bien de Todos se opone a su ubicación, bajo el argumento de que la boleta tiene una marca sobre el cuadro de la Coalición Por el Bien de Todos, y que el cruce de dos rayas paralelas fue con posterioridad a la primera marca.

Del análisis de dicha boleta se arriba a la conclusión de que, si bien aparece una pequeña cruz en el emblema de la coalición Por el Bien de Todos, dicho voto es nulo, toda vez que la boleta se encuentra cruzada prácticamente en su totalidad con dos líneas paralelas abarcando los recuadros de varios partidos políticos y coaliciones, situación que no permite identificar claramente el sentido del voto, además de que, al ser un solo voto el que presenta esas características, no existen elementos para considerar que dichas líneas paralelas fueron plasmadas en la boleta por otra persona con posterioridad, pues en principio, es presumible que todas las anotaciones las hizo el elector, salvo que existan elementos que permitan arribar a conclusión distinta, situación que no acontece en el caso. La siguiente imagen así lo corrobora.

6. Casilla 0960B

Respecto de esta casilla se reservó un voto para su calificación por la Sala Superior. El representante de la coalición Por el Bien de Todos argumentó que la marcación de boleta comprende varias opciones.

La revisión de dicho sufragio por parte de este órgano jurisdiccional electoral permite concluir que no fue emitido válidamente, en razón de que se aprecia una pequeña cruz en el emblema de la coalición Por el Bien de Todos y otra cruz en el recuadro correspondiente a coalición Alianza por México, por lo tanto, al no verse reflejada claramente la voluntad del elector por haberse marcado más una opción, dicho voto es nulo.

7. Casilla 0977C1

En esta casilla se reservó para su calificación por parte de esta Sala Superior un voto. El representante del Partido Acción Nacional argumentó que la boleta tiene una marca que indica el sentido del voto para el instituto político que representa.

El análisis de la boleta por parte de esta Sala Superior permite concluir que se trata de un sufragio expresado en favor del Partido Acción Nacional, pues además de cruzar el emblema de dicho partido político, el ciudadano agregó la expresión “No falles cabrón”, sin embargo, tal peculiaridad en forma alguna impiden tener por manifestada claramente la voluntad del ciudadano en cuanto al sentido de su voto, pues tal anotación en manera alguna puede entenderse como desaprobación o repudio, sino que representa una especie de advertencia que se dirige al candidato por haber emitido el sufragio en su favor.

8. Casilla 0978C1

Respecto de esta casilla se reservaron para su calificación por parte de esta Sala Superior dos votos. El representante del Partido Acción Nacional cuestionó un sufragio por estimar que la marcación de la boleta comprende varias opciones. Por otra parte, el representante de la coalición Por el Bien de Todos se opuso a la ubicación que corresponde a un voto y alegó que la boleta tiene una marca en el recuadro de la coalición que representa, por lo que debe ser contabilizado en su favor.

La revisión de dichos votos por parte de esta Sala Superior permite advertir que, el marcado con el número 1, se trata de un voto nulo, en razón de que se aprecia una pequeña cruz en el emblema de la coalición Por el Bien de Todos y otra en el emblema del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, por lo tanto, al no verse reflejada claramente la voluntad del elector por haberse marcado más de una opción, dicho voto es nulo.

Por otro lado, en la boleta marcada con el número 2, se aprecia claramente que solo se encuentra cruzado el emblema de la coalición por el Bien de Todos, por lo cual debe considerarse que dicho voto le corresponde a la coalición de mérito.

9. Casilla 1008C3

En esta casilla se reservó la calificación de tres votos. Uno de ellos  fue cuestionado por el representante de la coalición Por el Bien de Todos, argumentando que la marca atraviesa el recuadro de dos partidos.; por lo que hace al segundo de ellos, el Partido Acción Nacional señaló que la boleta tiene una marca en el cuadro del partido político que representa, por lo que debe ser contabilizado para éste y, respecto del tercero de dichos votos, el representante de la coalición antes mencionada argumentó que la boleta tiene una marca en el cuadro de la coalición política que representa, por lo que debe ser contabilizado para su propia coalición.

Del análisis del voto marcado con el número 1, esta Sala Superior arriba a la convicción de que le corresponde al Partido Acción Nacional, pues contrariamente a lo argumentado por el representante de la coalición antes precisada, sólo está cruzado el emblema de dicho partido y, lo único que se puede advertir es que la marca rebasa ligeramente uno de los bordes del recuadro de la coalición por el Bien de Todos, situación que en modo alguno puede llevar a la conclusión de que dicho voto no fue emitido validamente, en la boleta bajo estudio se aprecia claramente el sentido del sufragio, que corresponde al Partido Acción Nacional.

El análisis de la boleta marcada con el número 2 permite concluir que se trata de un voto emitido en favor de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, pues únicamente se encuentra cruzado el emblema de dicho instituto político. Similar situación acontece en la boleta marcada con el número 3, pues del análisis de la misma se aprecia en forma clara que solamente se encuentra cruzado el emblema de  la coalición Alianza por México, por lo que dicho voto debe de computarse en su favor.

10. Casilla 1009B

En esta casilla se reservó la calificación de un voto, sobre el cual, la coalición Por el Bien de Todos argumentó que la marcación de la boleta hace evidente la intención del voto en favor de la coalición a la que representa.

Del análisis del voto, esta Sala Superior arriba a la convicción de que le corresponde a la coalición Por el Bien de Todos, pues sólo está cruzado el emblema de dicha coalición, y lo único que se puede advertir es que en el recuadro del Partido Acción Nacional, así como en el anverso de la boleta bajo estudio, se encuentran unas manchas de tinta, lo cual en modo alguno puede ir en detrimento del sentido del voto, pues tal situación sólo refleja un mal manejo de la tinta utilizada por los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral.

11. Casilla 1022C1

En esta casilla se reservó un voto. Los representantes de la coalición Por el Bien de Todos y de Alternativa Socialdemócrata y Campesina solicitan la validez de dicho voto, porque estiman que el cuadro que ha sido marcado es en favor de los institutos políticos que representan.

Del análisis que este órgano jurisdiccional electoral federal realiza del voto cuestionado, se arriba a la convicción de que fue cruzado exclusivamente por la coalición Por el Bien de Todos, teniendo como única peculiaridad el que la marca rebasa ligeramente el recuadro  correspondiente y alcanza levemente el recuadro  relativo al Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, sin embargo, esto último no es dable interpretarlo en el sentido de que marcaron intencionalmente dos recuadros, ya que, está evidenciado que la expresión del sufragio del elector fue clara y contundente por una de las opciones, colocando una cruz en el emblema correspondiente a la coalición antes precisada, por lo que debe computarse validamente a favor de la misma.

No es obstáculo lo señalado por el representante del partido mencionado en el sentido de que el voto es a favor de ese instituto político, toda vez que el vértice de la marca contenida en la boleta está colocado encima del logotipo de la coalición lo que evidencia la voluntad de emitir el sufragio a favor de ella.

12. Casilla 1045B

En esta casilla se reservó un voto. El representante de la coalición por el Bien de Todos argumentó que la marcación de la boleta impugnada se estima que exclusivamente contiene la marca en el cuadro de la coalición electoral que representa, por lo que este voto debe ser válido.

Del análisis del voto, esta Sala Superior arriba a la convicción de que le corresponde a la coalición Por el Bien de Todos, pues sólo está cruzado el emblema de dicha coalición, y lo único que se puede advertir es que en el recuadro del Partido Nueva Alianza se encuentran unos ligeros rayones marcados accidentalmente, que en modo alguno pueden ir en detrimento del sentido del voto, sino que puede deberse a un incorrecto manejo del crayón con el que se votó, ya que está evidenciado que la expresión del sufragio del elector fue clara y contundente por una de las opciones, colocando una cruz en el emblema correspondiente a la coalición antes precisada. 

13. Casilla 1049C2

En esta casilla se reservó un voto. El representante de la coalición Por el Bien de Todos expresó que la boleta se encuentra con una marca en el cuadro correspondiente a dicha coalición y, que la diversa marca que se contiene en la boleta no se encuentra señalando algún cuadro que muestre preferencia por otro partido o coalición, que se contiene en la boleta, ya que la intersección de ambas líneas se encuentra fuera de algún cuadro, por lo que estima que ese voto es válido para la coalición que representa.

Del análisis que este órgano jurisdiccional electoral federal realiza del voto cuestionado, se arriba a la convicción de que, fue cruzado en tres vertientes que alcanzan los recuadros correspondientes a los candidatos del Partido Acción Nacional, la Alianza por México y la coalición Por el Bien de Todos, por tanto, no se puede dar como valido para esta última, ni aún tomando en consideración que se plasmo una pequeña cruz en el emblema de dicha coalición, pues la peculiaridad que representa la cruz más grande, rebasa el recuadro correspondiente y alcanza, como ya se dijo, el relativo al Partido Acción Nacional y de la coalición Alianza por México, por lo que debe invalidarse. La siguiente imagen así lo corrobora.

14. Casilla 1061C1

Finalmente, en esta casilla se reservó un voto, respecto del cual se cuestionó su validez por parte del representante del Partido Acción Nacional, pues argumentó que la boleta tiene dos marcas que corresponden a Coalición Por el Bien de Todos y la otra al partido político que representa, por lo que considera que debe ser nulo.

El análisis de dicho voto por parte de esta Sala Superior permite advertir que está claramente cruzado en el recuadro de la Coalición Por el Bien de Todos, con la única peculiaridad que en el recuadro del Partido Acción Nacional aparece una pequeña raya sin embargo, esto último, no es dable interpretarlo en el sentido de que marcaron intencionalmente dos recuadros, sino que puede deberse a un incorrecto manejo del crayón con el que se votó, ya que, por una parte, está evidenciado que la expresión del sufragio del elector fue clara y contundente por una de las opciones, colocando una cruz que abarca todo el recuadro correspondiente a la coalición antes precisada, en tanto que en el recuadro correspondiente al Partido Acción Nacional, sólo se aprecia de una pequeña raya, que pudo ser plasmada de manera accidental, de tal forma que se arriba a la conclusión de que dicho voto le corresponde a la coalición de mérito.

Como resultado de la evaluación y calificación de los votos que se habían reservado para esos efectos a esta Sala Superior, y una vez que se ha determinado lo conducente en el presente considerando, procede sumarlos a los respectivos partidos políticos y coaliciones, datos que se destacan con negritas en la tabla siguiente.

III. Resultados de la diligencia. Una vez calificados los votos reservados para esta Sala Superior, con el objeto de establecer si se debe corregir algún error aritmético en el correspondiente cómputo distrital de la elección presidencial, con motivo de la referida diligencia judicial de apertura de paquetes, a través de la cual se realizó un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en determinadas casillas, a continuación se presenta un cuadro que contiene la información relacionada con los resultados consignados en cada una de las actas de escrutinio y cómputo levantadas originalmente por las respectivas mesas directivas de casilla, comparándola con los resultados obtenidos en dicha diligencia judicial.

Asimismo, con el propósito de brindar claridad y transparencia, consustanciales al principio constitucional de certeza, rector de la función estatal electoral, también se destaca la diferencia que, en su caso, se desprenda en suma (+) o resta (-) de los votos recibidos por cada uno de los partidos o coaliciones contendientes, así como los candidatos no registrados y los votos nulos.